RERUM NOVARUM
(Prensa Libre, edición del 11 de mayo de 2013).

Monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez, S.J.

Obispo de la Diócesis de Sololá-Chimaltenango

Lo Fundamental

El derecho a la vida es el más importante, como el artículo 3 de la Constitución desarrolla.

Los primeros dos artículos de la Constitución Política de la República afirman cuál es el fin primario del Estado y cuáles son sus deberes fundamentales.

Son artículos conceptuales que después se desglosan en otra serie de artículos posteriores. Cuando en 1984 esa Constitución fue aprobada estábamos saliendo del cataclismo humano más grande ocurrido en el siglo XX: el conflicto armado interno y su cauda de víctimas, victimarios, encubridores, cómplices y simpatizantes

de las partes en conflicto.

La Constitución marcó un momento en que Guatemala, saliendo de una etapa horrenda y criminal que afectó a muchos más que a los actores directos, se quiso plantear un arrancar de nuevo como país, definiéndose como sociedad política en la que al Estado se le confiaba una función fundamental.

El artículo 1 nos plantea, y mantiene toda su vigencia, que el fin supremo del Estado es la realización del bien común. En los últimos 28 años esa afirmación sigue siendo el norte que marca la vocación del Estado y se vuelve también el parámetro desde el cual evaluar cuán lejos de esa meta los diferentes gobiernos, congresos y municipalidades han estado.

Recordar el bien común como fin supremo del Estado se constituye entonces en un constante mecanismo de verificación de lo que tenemos que hacer y de cuán lejos de alcanzarlo estamos en todos los niveles de gobierno.

Al Estado, la Constitución le asigna como deber el garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Obviamente el derecho a la vida es el más importante, como el artículo 3 de la Constitución desarrolla. Defender el derecho a la vida en todos los sentidos es obligación primera del Estado. Es verdad que el Estado de Guatemala existe en una sociedad en que la violencia ha formado parte de códigos culturales que la hacen permisiva en determinadas circunstancias y momentos. Por eso defender la vida en Guatemala pasa por la construcción de una cultura de paz que es enormemente difícil de realizar, pero que es un reto impostergable.

Si es fundamental la defensa de la vida y la promoción de una vida digna ello es imposible sin libertad y sin justicia. La libertad personal acaba obviamente donde comienza la libertad de los demás porque el derecho a la libertad es universal, no solo para una parte de la población. La justicia es obviamente también el derecho a que el Estado, a quien la sociedad confía esa misión, administre justicia de manera pronta e imparcial.

Es obvio que las tareas asignadas al Estado desbordan con mucho las capacidades concretas del Estado para llevarlas adelante. Necesitamos por ello refrescar el sentido de que para qué existe el Estado y cuáles son sus principales responsabilidades, pero necesitamos también entender que cuanto más débil sea el Estado más difícil será que los conflictos presentes en nuestra sociedad encuentren cómo ser enfrentados de una manera que desmonte conflictos de una manera justa.